Nuevamente, tras la escalada de orden público por el paro armado del ELN y la toma guerrillera de Buenos Aires, Cauca —con 1.467 hectáreas, uno de los principales enclaves cocaleros del país—, el Gobierno volvió a poner sobre la mesa la idea de fumigar con glifosato en zonas ‘rojas’ donde, según los ministros de Justicia y del Interior, “los campesinos son obligados a sembrar la mata”.Es la segunda vez en el año que, en un ‘reversazo’ de la política de drogas —que se había volcado en la erradicación y la sustitución voluntaria—, el presidente Gustavo Petro plantea esta propuesta, que empezó a materializarse desde febrero pasado, cuando la Policía Nacional abrió la licitación para adquirir el agroquímico y los equipos con los que se busca reactivar el Pecat (Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre), suspendido desde 2022.La aspersión aérea fue suspendida en 2015 por orden de la Corte Constitucional. Foto:EFEEsta vez, la propuesta fue lanzada luego de un consejo de seguridad tras una semana en la que la situación de orden público en regiones como Cauca, Cesar y Chocó, se desbordó, motivando al Gobierno a tomar acciones contra las rentas ilícitas que nutren a los grupos armados. “Colombia va a iniciar una aspersión terrestre, a través de drones, con glifosato. Es una aspersión terrestre controlada que se hará, fundamentalmente, en aquellos lugares donde grupos armados ilegales estén forzando a los campesinos a sembrar hoja de coca”, aseguró el ministro de Justicia, Andrés Idárraga. Sin embargo, a menos de ocho meses de terminar el cuatrienio y con los estrictos requisitos de la Corte Constitucional para asperjar vía aérea, la materialización de esta propuesta parece enredada. Aunque esta vez se propone reactivar el Pecat, la decisión de hacerlo con drones plantea nuevos desafíos legales y técnicos, como la compra de estas aeronaves no tripuladas o la realización de consultas previas en las comunidades donde se va a fumigar, usualmente coaccionadas por los actores ilegales.Para Daniel Mejía, experto en conflicto y seguridad, “es extraño que se vuelva a enarbolar la aspersión porque el presidente Petro siempre se había opuesto al glifosato”. cultivos coca Foto:cultivos coca”Es una medida desesperada ante los pocos o nulos resultados, la fumigación es el único camino que queda para mostrar, de afán y sin mucha evidencia, al gobierno norteamericano”, agregó. En 2023, el país rompió récords tanto en narcocultivos sembrados como en la producción potencial de clorhidrato de cocaína, que creció un 53 % y superó las 2.664 toneladas anuales. Para 2024 —año del que aún no se conocen las cifras oficiales del informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), represado por una serie de aclaraciones metodológicas exigidas por el Ministerio de Justicia—, filtraciones apuntan a una producción potencial de más de 3.000 toneladas del alcaloide.Este mar de coca fue la razón por la que el Departamento de Estado de Estados Unidos descertificó condicionadamente al país.“La aspersión tiene muy poca efectividad porque termina desplazando los cultivos a otras zonas y tiene costos colaterales graves en términos de salud y de medioambiente, sobre los que el propio Petro —cuando era opositor— llamaba la atención. Por eso no se entiende por qué ahora decide retomarla”, añadió Mejía.El exministro de Justicia Andrés González coincide con esta postura y suma, además, las barreras legales impuestas por la Corte Constitucional a la aspersión aérea. No obstante, señala que la propuesta de “hacerlo con drones, en puntos focalizados, podría mitigar el riesgo ecológico”.“Por lo demás, si se dirige directamente contra la acción de grupos armados y no de manera indiscriminada contra el campesinado, bien merece la posibilidad de ser evaluada y aprobada”, concluyó.Presunto ladrón fue capturado, tras caer al río Cali. Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia