Trump gana una batalla en Washington: el Distrito de Columbia ya no quiere definirse como “ciudad santuario” | Inmigración en Estados Unidos

Las amenazas de Donald Trump y de un Congreso sumiso a sus deseos está afectando a la capital del país como ciudad que acoge a los migrantes sin importar su estatus. Las autoridades del Distrito de Columbia ya no quieren que la ciudad se defina como “santuario”, término que hace referencia a las ciudades y los Estados que no colaboran con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) para detener a los indocumentados con el objetivo de deportarlos. La prueba es que se ha eliminado la página de la web del Gobierno de DC en la que la alcaldesa, Muriel Bowser, reafirmaba que era una ciudad santuario.En la declaración que ha sido borrada, fechada en noviembre de 2016, después de que Trump ganara sus primeras elecciones, Bowser sostenía: “Los valores, las leyes y las políticas de Washington DC no cambiaron el día de las elecciones. Celebramos nuestra diversidad y respeto de todos los residentes de DC sin importarnos su estatus migratorio. Somos una ciudad santuario porque sabemos que nuestros barrios son más seguros y fuertes cuando nadie tiene miedo de pedir ayuda al Gobierno”.En 2019, en un mensaje en Twitter (ahora X), reiteraba: “Washington DC continúa siendo una orgullosa ciudad santuario, tenemos el compromiso de proteger los derechos de todas nuestras familias inmigrantes frente a las preocupantes amenazas”. Entonces, la alcaldesa prometió que redoblaría los esfuerzos para que la DC se convirtiera en una ciudad santuario de forma oficial, lo que consiguió con la aprobación de una ley en 2020.Esta vez, el presidente vuelve a ser el mismo, pero el discurso de la alcaldesa ha cambiado. El mes pasado, en una conferencia de prensa, Bowser admitió que ya no usa el término “ciudad santuario” para definir a DC porque “es engañoso”, ya que “sugiere decirle a alguien que si está violando la ley de inmigración, este es un lugar donde puedes violar las leyes de inmigración” y, añadió que “siempre se es vulnerable a las leyes federales de inmigración”.El giro del discurso de Bowser parece estar determinado por la presión que Trump ha ejercido sobre el distrito, del que ha dicho en más de una ocasión que quiere tomar el control. Además, está en juego el recorte del presupuesto que se está aprobando en el Congreso, que reduciría en mil millones de dólares la asignación para DC.“Los ataques del Gobierno federal ya se han producido. La realidad es que la alcaldesa está siendo muy inteligente al no retar a la Administración y tratar de trabajar con ellos lo mejor posible sin que afecte a los servicios que esta ciudad puede dar o a la autoridad que tiene en este momento”, opina desde Washington Abel Núnez, presidente de CARECEN (Centro de Recursos para Centroamericanos), una organización que ayuda a los migrantes a integrarse en la sociedad.Nuñez afirma que su organización ya ha sentido los efectos del recorte de gastos federales ordenado por Trump e impulsado por el ahora poderoso dirigente del DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental), Elon Musk. “No solamente están atacando a las comunidades vulnerables, como los inmigrantes, como la gente pobre, sino que también están atacando a las organizaciones que trabajan para dar servicio a las comunidades y asegurar que puedan participar en la vida de la ciudad”, asegura Nuñez, quien admite que “también estamos adoptando un lenguaje que no sea de confrontación con esta Administración. Hemos perdido fondos del Gobierno federal y queremos asegurar que CARECEN va a sobrevivir”.El polémico término “santuario” es otra de las palabras que el Gobierno quiere borrar del vocabulario en las Administraciones públicas. The New York Times publicó este mes una larga lista de palabras que las agencias deben evitar, como “racismo”, “minoría hispana”, “justicia social” o “poblaciones vulnerables”.Varios Estados como California, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón y Washington y más de un centenar de jurisdicciones se consideran santuario. Entre ellas, Chicago, Nueva York, San Francisco y Los Ángeles tienen leyes que prohíben usar los recursos locales, como transporte o personal, para cumplir las normativas federales de inmigración. Los alcaldes demócratas de cuatro de las mayores ciudades de Estados Unidos —Chicago, Denver, Boston y Nueva York— defendieron la semana pasada en el Congreso sus políticas como ciudades santuario y negaron que ello implique un riesgo para la seguridad, como sostienen los republicanos.Trump, descontento con el ritmo de las deportaciones de indocumentados, que son inferiores a sus previsiones, ha arremetido contra las ciudades santuario, advirtiendo que cortará sus fondos federales si no colaboran con las detenciones. El Departamento de Justicia ha demandado a Nueva York y Chicago por interferir con su campaña antiinmigración.Para ICE, la forma más fácil de llevar a cabo las deportaciones es acudir a las cárceles locales y llevarse a los indocumentados detenidos por otros delitos, en su mayoría faltas menores como multas de tráfico, pero para ello es necesaria la colaboración de las autoridades locales, lo que no se permite en las ciudades santuario.La presión de la Administración contra ellas se ha producido desde que Trump ganó las elecciones. Bowser fue uno de los funcionarios electos que días antes de que Trump fuera investido recibió una carta de America First Legal, dirigida por Stephen Miller, uno de sus asesores en política y seguridad, en la que advertía que enfrentarían consecuencias legales por interferir o impedir la aplicación de las leyes federales de inmigración.Bowser, que cumple su tercer mandato al frente de la ciudad, ha dado muestras de suavizar su enfrentamiento con Trump en el regreso del republicano al Despacho Oval. El ejemplo más reciente es que cedió a los deseos de Trump al mandar retirar un mural de la Plaza Black Lives Matter, muy cerca de la Casa Blanca, después de que los republicanos en el Congreso amenazaran con retener los fondos para el distrito si lo mantenía. Bowser lideró la iniciativa para construir la Plaza BLM en 2020 después de que agentes federales lanzaran gases lacrimógenos contra manifestantes tras el asesinato de George Floyd. Ante las preguntas de por qué había cedido a la presión, Bowser respondió que tiene “peces más grandes que pescar”.En juego está su presupuesto, sobre el que el Congreso, de mayoría republicana, tiene el control. Un recorte como el previsto podría acabar con los programas de los que se benefician los migrantes, como los de educación y sanidad, sin tener en cuenta su estatus migratorio, además de contraer el presupuesto para seguridad.El Distrito de Columbia se estableció en 1790 para servir como capital de la nación con terrenos que pertenecían a los Estados de Virginia y Maryland. A diferencia de los Estados, no tiene representante en el Senado y en la Cámara de Representantes, su delegada, Eleanor Holmes Norton, no tiene voto para aprobar leyes.La vulnerabilidad de DC ha hecho que surjan propuestas como las del representante de Maryland Jamie Raskin, que sugirió en el podcast City Cast DC, una vuelta al pasado. “Si piensan en regresar a Maryland por este tiempo, definitivamente estarán más seguros en el Estado libre que bajo la brutal dominación del colonialismo MAGA”, dijo. Según publica Axios, la mayoría de los residentes de Maryland se oponen a la incorporación de DC a su Estado. En cualquier caso, es una opción poco probable porque tendría que aprobarla el Congreso.Entre tanto, Bowser busca el equilibrio para no perder su autoridad ni su presupuesto. “En realidad el nombre de santuario no es lo que importa. Lo que importa es que los fondos estén ahí para apoyar a la comunidad. Para algunas personas sí la tiene, porque manda un mensaje, pero un mensaje en este momento creo que no es lo apropiado”, admite Nuñez.