Un accidente de dos drones, que representan en costos casi 9.000 millones de pesos, fue la irregularidad identificada por la Contraloría en una auditoría al Dapre correspondiente a la vigencia 2024. Sin embargo, la entidad también alertó sobre el riesgo de pérdida de recursos en un convenio en el que se han invertido más de 33.000 millones de pesos, sin que “existan resultados verificables o bienes entregados”, advirtió. A raíz de esto, vinculó al proceso de responsabilidad fiscal a una docena de altos funcionarios del actual y del anterior Gobierno.Durante la vigilancia hecha al Departamento Administrativo de la Presidencia para la vigencia 2024, y que incluyó el periodo desde 2021, se identificaron anomalías en el convenio interadministrativo 483 de 2021, suscrito entre el Fondo Paz, del Dapre, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana.Contraloría General de la República Foto:Milton Diaz / El TiempoEl presunto detrimento patrimonial fue evidente en la siniestralidad de dos drones adquiridos para el primer sistema de control aéreo en las llamadas zonas futuro, territorios priorizados por su alta conflictividad, pobreza y presencia de economías ilícitas. Estas aeronaves tripuladas remotamente no fueron aseguradas ni reemplazadas. Por esta razón, tras el accidente en el que hubo una pérdida total, no se reclamaron pólizas ni se activaron garantías contractuales, “a pesar de tratarse de bienes estratégicos de altísimo valor operacional”, resaltó la Contraloría.“Es importante precisar que el valor consignado en el hallazgo corresponde, en un inicio, al costo de los dos drones. Sin embargo, según lo certificado por la FAC al momento de finalizar la auditoría, no se había obtenido ninguna información sobre el sistema de vigilancia estratégica para el cual fueron adquiridos”, agregó el ente de control. En dicho sistema se han invertido, en el periodo 2021–2024, más de 33.000 millones de pesos, por lo que —advierte la Contraloría— el monto del posible detrimento patrimonial podría aumentar, pues las debilidades del proyecto de los drones persisten.El convenio establecía obligaciones en materia de supervisión, control y ejecución entre las partes que lo suscribieron. Sin embargo, en la práctica, la auditoría evidenció múltiples debilidades. Por ejemplo, se autorizaron prórrogas sin justificación técnica, no hay pólizas de seguro vigentes (como en el caso de los drones), hay inconsistencias entre los informes de supervisión y las actas de los comités técnicos, y no se han consignado adecuadamente los estados financieros.Colombia lanza su primer dron militar: apoyará labores de vigilancia, logística y control. Foto:Archivo“Se observó una desprotección de los recursos entregados en la fase II, debido a que no se exigieron garantías por parte del Fondo Paz ni se aseguraron los bienes por parte de la FAC”, diagnosticó la auditoría. Por esta razón, el riesgo latente de pérdida patrimonial se extiende a la totalidad de los recursos invertidos en el convenio.En la primera fase, según la información entregada por el Dapre a la Contraloría, se destinaron aproximadamente 10.000 millones de pesos, de los cuales “no se ha obtenido ningún beneficio”. Casi el 90 % fue invertido en los drones que se accidentaron. Pese a esta pérdida, “no se evidenciaron decisiones orientadas a la protección del recurso público por parte de la Consejería para la Seguridad Nacional, desde la vigencia 2020 (cuando inició la estructuración) hasta el cierre de la auditoría financiera (mayo de 2025)”, destacó el auditor.En la segunda fase, se aprobó una adición presupuestal de más de 28.000 millones de pesos, destinada a la adquisición de nuevos sistemas de vigilancia aérea en las zonas futuro. Aunque este plan fue aprobado por el Consejo Presidencial para la Seguridad Nacional, “del análisis documental no se desprenden soportes formales ni actas firmadas que respalden dicho aval técnico y financiero. Tampoco se identificaron estudios de viabilidad ni evaluaciones de riesgo firmadas por la Oficina del Consejero”.De allí se desprende la alerta de riesgo por la que la Contraloría vinculó al proceso de responsabilidad fiscal a varios altos funcionarios de las entidades involucradas: el Dapre, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Fondo Paz, tanto del anterior como del actual Gobierno. #Colombiaen5 Foto:Los funcionarios llamados al proceso de responsabilidad fiscalEL TIEMPO conoció el documento de traslado en el que se vincula a los excomisionados de paz Miguel Ceballos, Juan Camilo Restrepo, Iván Danilo Rueda y al actual Otty Patiño. Asimismo, a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y a las antiguas cabezas de la entidad: Jorge Rojas, Laura Sarabia, Mauricio Lizcano, Víctor Muñoz y Diego Molano. También llamó a responder a los directores del Fondo Paz, Pablo Francisco Pardo, Juan Carlos Vargas y a otros 12 asesores y técnicos de estas entidades.Asimismo, citó al exconsejero presidencial para la Seguridad Nacional Rafael Guarín, al presidente de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, Andrés Guzmán, y a otros directivos de estas entidades.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia